El diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense avaló en la Comisión de Hacienda Pública y Administración el dictamen de la Ley de Coordinación Fiscal para la distribución de Recursos a Nuevos Municipios: Eldorado y Juan José Ríos.
Corrales Burgueño explicó que por la creación de los municipios de Eldorado y Juan José Ríos en Sinaloa en el 2021 se requirió un ajuste legal para incluirlos en la distribución de recursos fiscales del estado pues la ley vigente no contemplaba un método específico para calcular las participaciones para municipios nuevos, lo cual creaba una falta de claridad en la asignación de fondos para estos territorios.
Por ello, en esta iniciativa se busca asegurar que los nuevos municipios reciban una distribución equitativa y proporcional de los recursos federales y estatales mediante la inclusión de fórmulas ajustadas a su situación particular, especialmente en ausencia de datos de recaudación previos.
Las modificaciones es redistribución de zonas de representación municipal para incluir a Eldorado y Juan José Ríos, es decir en la zona norte se añade a Juan José Ríos, junto a municipios como Ahome y Guasave, mientras que en la zona centro se incorpora Eldorado junto con los municipios de Culiacán y Navolato.
Para los municipios sin datos de recaudación (agua potable, predial e ingresos propios), el cálculo de las participaciones se basará en la proporción de habitantes, usando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Actualmente se detalla un método de cálculo basado en el número de habitantes para asegurar la equidad en la distribución de participaciones, considerando la población de los municipios de origen y los nuevos, es decir se aplican métodos de cálculo específicos en caso de requerirse.
Con respecto a los mecanismos de cálculo de participaciones se contempla que la distribución será basada en población. Dado que Eldorado y Juan José Ríos no cuentan con registros de recaudación de años anteriores, se establecerá una proporción basada en la población comparada con la de sus municipios de origen.
En cuestión de supervisión y transparencia, las cifras de recaudación para el cálculo de participaciones serán certificadas y validadas por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, promoviendo la transparencia en la asignación de fondos.
El impacto presupuestal se hará a través de un informe técnico en el que se indica que esta reforma no representa un impacto negativo significativo para el presupuesto estatal, ya que solo redistribuye los fondos en función de los nuevos parámetros de que la población sin aumentar el gasto general.
Asimismo se establece la implementación y vigencia, misma que será la fecha de entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
