• Margen de ganancia en el campo cayó casi 40%; productores están abandonados por falta de apoyos.
• Denuncia que la nueva Ley de Aguas centraliza el control, reasigna volúmenes a discreción y elimina la libertad productiva.
La senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que el gobierno pretende imponer una Ley General de Aguas que no garantiza el derecho al agua, sino que busca someter al campo mexicano y colocar el recurso en manos del poder político. Señaló que la crisis agrícola es evidente: México dejó de producir 12 millones de toneladas en los últimos años, importa más de la mitad del maíz y los márgenes de ganancia cayeron casi 40%, lo que refleja un abandono total del sector.
Aseguró que, además de retirar apoyos y eliminar políticas públicas, el gobierno ahora intenta “patear mientras están en el suelo” al campo con una ley que nunca consultó a pueblos indígenas y que permite decidir quién sí y quién no accede al agua conforme a conveniencias electorales. “Quieren un campo rendido; callado; sumiso y mediocre con lo poco que les dan”, indicó.
La legisladora explicó que el proyecto tiene tres objetivos centrales: centralizar la administración del agua en un gobierno que ya controla todo; reasignar los volúmenes
hídricos con criterios políticos en lugar de técnicos; y limitar la libertad productiva mediante restricciones que impiden que los productores actúen como agentes independientes.
La sinaloense criticó que el oficialismo intente convertir las concesiones en permisos temporales, a pesar de que representan derechos fundamentales para quienes producen alimentos. Advirtió que la gente del campo protesta porque ya no resiste el abandono y porque el gobierno no escucha ni respeta los acuerdos, incluso aquellos firmados por la Secretaría de Gobernación.
Agregó que la presidenta minimiza las movilizaciones al calificarlas como protestas de “ricos y privilegiados”, ignorando años de esfuerzo y la realidad de miles de familias. “Una productora lo expresó con claridad: ‘ya nos dieron en la madre’. Sin Financiera Rural, sin apoyos a la comercialización y sin certidumbre, los productores están olvidados”, afirmó.
La priista sostuvo que mientras los campesinos padecen criminalización, el narcotráfico mantiene control sobre distritos de riego sin investigaciones ni combate para ellos. “Con esta ley buscan criminalizar a los productores en lugar de ir contra los criminales, porque la esencia del oficialismo no es impartir justicia; es administrar la ilegalidad”, subrayó.
La senadora reiteró que el agua es un bien nacional y no propiedad del gobierno. Por ello, anunció que el Grupo Parlamentario del PRI no avalará un dictamen que condena al campo mexicano, exige escuchar a los productores y demanda incorporar los cambios necesarios. “Queremos una ley que garantice el derecho humano al agua y que fortalezca al campo, la ganadería y a todos los sectores productivos. Decimos no al abuso, no a la amenaza y no al control político del agua”, concluyó.
