Madres buscadoras exigen información clara sobre número de restos, procesos forenses y acceso a las investigaciones.
A 520 días de violencia en Sinaloa, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, denunció la gravedad del escenario estatal, caracterizado por una Narcoguerra entre facciones criminales y por el reciente hallazgo de cinco fosas clandestinas con 14 cuerpos, incluidos cinco mineros de los 10 desaparecidos en Concordia el 23 de enero pasado.
En conferencia de prensa, la legisladora informó que, según datos oficiales, en una fosa se localizaron diez cuerpos; cinco cuentan con identificación y cinco permanecen sin registro. En otras dos fosas aparecieron dos cuerpos en cada una, mientras dos más permanecen pendientes de análisis, lo que implica 14 cuerpos, nueve aún sin identificar. Expresó preocupación por la secrecía por parte de las autoridades en el manejo de la información.
La sinaloense transmitió la exigencia de los colectivos de madres buscadoras, con solicitudes de cifras exactas sobre el total de cuerpos o restos localizados, el estado de los mismos, las diligencias forenses de identificación y los canales de comunicación directa con familiares de personas desaparecidas. Subrayó que el acceso a la información constituye para ellas una esperanza de encontrar a sus hijas e hijos.
La priista cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Señaló que la autoridad federal acudió al sitio tras el hallazgo vinculado con los mineros y después transfirió el caso a la instancia local, organismo señalado por insuficiencia operativa y falta de transparencia. Señaló que en Sinaloa nadie cree ni confía en la versión de que los mineros desaparecidos fueron confundidos como miembros de una facción rival del cártel, sino que los criminales sabían quiénes eran y fueron por ellos a su campamento. Por ello solicitó una investigación exhaustiva sobre posibles actos de extorsión contra la empresa minera.
Finalmente, afirmó que en Sinaloa prevalece una percepción social de ocultamiento informativo y una crisis de ingobernabilidad. “Las madres buscadoras exigen verdad y acceso para realizar la búsqueda de sus hijos. No pueden enfrentar solas una tragedia que suma 520 días de violencia”, concluyó.
