- Habrá de esperar resolución el Juez el 12 de septiembre.
- Nueva mesa directiva interpuso amparo sin estar validado por la asamblea de comuneros.
- En riesgo el presupuesto autorizado por Hacienda por 17 mil MDP.
- Exhibe coordinador jurídico de Cobalpre los convenios de ocupación y pagos.
Un juez de Mazatlán tendrá en sus manos el destino económico de la región; una vez que analice y dictamine sobre un amparo interpuesto por la nueva mesa directiva de comuneros de Santa María; lugar donde se construye la presa anhelada por más de siete décadas.
La audiencia Constitucional será el día 12 de septiembre, para determinar si se otorga la suspensión definitiva de la obra.
Representantes de los sectores productivos de la región, Cobalpre, productores y el comisariado ejidal 2015-2018 sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación de la región para dar a conocer su postura y aclarar la situación.
En este encuentro participaron, entre otras personalidades; Ismael Díaz, presidente de Cobalpre y exportador hortícola; César Simental Toledo, representante de la Asociación de Agricultores del Río Las Cañas; Rafael Ríos Ontiveros, exportador; Salvador Ávila Osuna, comisariado ejidal 2015-2018; José Luis Simental Crespo, por los usuarios de la presa Peñón de Escuinapa; Tobías Lozano Solorza representante de Canaco y Canacintra en El Rosario; Hugo René Fletes, exportador y enlace de Cobalpre con los comuneros de la Santa María; José Luis Flores Quezada, coordinador Baluarte-Presidio; el comunero Sebastían Álvarez y Francisco Pimental, horticultor del Valle de Escuinapa.
En su intervención, Ismael Díaz expresó la sorpresa que causó el hecho del amparo interpuesto por la nueva directiva; debido a la importancia que tiene este proyecto que permitiría irrigar 24 mil hectáreas; abatir los problemas de agua potable de más de 130 mil habitantes del sur del Estado; y cuya inversión autorizada ya por la Secretaría de Hacienda asciende a los 17 mil millones de pesos, de los cuales dos mil ya están autorizados para ejecutarse el año entrante.
Cabe precisar que la inversión autorizada por SHCP incluye además de la cortina y presa una hidroeléctrica.
Hugo René Fletes, precisó que existe desinformación sobre el tema; ya que siempre se han realizado las cosas apegados a toda legalidad y los procedimientos.
En relación a la demanda de construcción del nuevo pueblo, existe la expropiación de 2,400 hectáreas, del lugar donde los mismos comuneros eligieron donde se habrán de construir las 58 viviendas, cuyos recursos ya están garantizados por Gobierno del estado.
Desde el 2017, dijo, hemos estado ayudando a la comunidad de Santa María; gestionando la solución de las necesidades y dándoles acompañamiento a la comunidad; además de estar presentes en todas sus asambleas.
“Jamás se mencionó en las asambleas lo que hoy están mencionando. Es una gran sorpresa que ahora salgan con cosas que nunca se habían mencionado. Hoy vemos que nomás se anunció el presupuesto, se anunció y vino el Presidente de la República e hizo el compromiso, salieron muchos líderes que por dos años no habían aparecido y habían dejado solos a los comuneros.”
Advirtió que han salido muchos nuevos comuneros.
Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales, 2015-2018; Salvador Ávila Osuna manifestó que todos los acuerdos que se han dado han sido avalados por la asamblea de comuneros.
Explicó que toda acción de la mesa directiva debe de ser avalada por la asamblea; cosa que no ha ocurrido en esta ocasión en relación a la demanda de amparo.
“Me es muy lamentable ver lo que está aconteciendo por el motivo de querer entorpecer una obra tan importante. En mi caso como Comisariado 2015-2018, tuve la satisfacción de atender a todos los compañeros que nos abordan al quehacer del núcleo agrario. En mi gestión la comunidad recibió grandes apoyos de las instituciones y la empresa; agua potable y grandes caminos
Con referencia al juicio de amparo que ha interpuesto la nueva mesa directiva, dijo que nadie les ha autorizado para que hagan “esa cuestión tan grave” que afecta a todos.
Dijo que mienten al decir que los comuneros tomaron esa decisión; ya que los comuneros están de acuerdo en la realización de la obra.
Aclaró; que con todo el respeto que merecen, Santa María no es una comunidad indígena, como pretenden hacer creer.
Todos los comuneros aprueban a una nueva mesa directiva; y el amparo que han sacado no ha sido avalado por asamblea.
“En apego al marco legal, las asambleas siempre se hicieron en tiempo y forma y las decisiones las tomaban los comuneros.”
José Luis Flores Quezada, expresó que existen las actas y expedientes que avalan que se ha cumplido con lo acordado, en relación a las 2 mil 309 hectáreas para el embalse como son el Convenio de ocupación previa; el pago de bienes distintos a la tierra como son 134 casas, 140 cercos y 93 huertas por las que se pagaron 37.7 millones de pesos; además de la construcción del nuevo pueblo; donde los recursos están ya garantizados por Gobierno del Estado.
Cabe precisar que las autoridades señaladas en el amparo interpuesto ya han sido notificadas y están trabajando en la presentación de los documentos en sustento.
