El control del efectivo es un objetivo de las autoridades a nivel internacional porque es donde se mueven temas como la delincuencia organizada y el terrorismo; expresó Natalia del Valle Osuna, presidenta de la AMCP Colegio Profesional en Mazatlán, Sinaloa, AC.
“México se ve impactado de esta ley antilavado, a partir del 2012 se debe de llevar un contral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio ciertas facilidades para el cumplimiento de esta obligación, pero es hasta este año de 2019 que se tuvo que hacer un programa de auto regulación y otorgarles mecanismos a las empresas, por que antes no existía esa obligación y si multas exorbitantes.”
En sí, explicó, la Ley Anti Lavado busca que los contribuyentes no manejen efectivo, y que todo sea a través de medios electrónicos con el fin de que las propias autoridades puedan identificar tecnológicamente todas las operaciones.
Por ello, en materia de contaduría pública ya se opera la contabilidad electrónica a través de los CFDI –Comprobante Fiscal Digital por Internet- mecanismo por el cual el SAT puede controlar cuales son los ingresos y deducciones y lo que se puede aplicar dentro de las obligaciones fiscales del contribuyente.
Natalia Del Valle Osuna indicó que si todo el efectivo se ingresa por el ámbito tecnológico, a trabes de la misma tecnología se puede registrar el movimiento del dinero y analizar cuáles son los responsables directos o beneficiarios finales de las operaciones que se llevan a cabo.
A pesar de estos esfuerzos, todavía nuestro país esta retrasado en el tema respecto a los resultados contra la delincuencia organizada y el terrorismo, conceptos ya incluidos en la Ley Anti Lavado.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Mazatlán AC; Natalia del Valle Osuna, expresó que poco a poco se ha escuchado de las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular, Santiago Nieto, ha realizado un excelente trabajo que ha permitido en un lapso de nueve meses una materia en control de cuentas bancarias, su cancelación o bloqueo para detectar a aquellos contribuyentes que manejan montos de efectivo y que tienen operaciones inusuales, ya que técnicamente es donde se maneja la delincuencia organizada.
