Oliver Velasco*
Durante mucho tiempo se nos ha dicho que la corrupción es un cáncer, y en verdad esta metáfora no se encuentra tan errada. La corrupción se enquista en diversos sectores de la sociedad y va invadiendo uno a uno los organismos, las instituciones y la estructura, hasta hacernos creer que es un problema estructural, que tiene un origen cultural, al que estamos resignados a vivir y morir con ella o por ella. Pero esto no es necesariamente así. La constante lucha por la transparencia y el avance de los medios tecnológicos han fortalecido los mecanismos de diagnóstico y localización de este cáncer y con ello, una disyuntiva que probablemente nos lleve a un cambio generalizado del sistema político del país.
La corrupción en la política muestra sus mayores síntomas en los procesos electorales. Desde la formación del PRI el acaparamiento de sus caudillos locales en los distintos órganos de representación y de gobierno dieron origen a diversas formas de disfrazar la corrupción de democracia legítima. Las diversas fuerzas políticas han ido a base de exhibiciones escandalosas, que buscan deslegitimar los gobiernos formados a partir de actos corruptos, menguar las capacidades de acción de los otros, pero al mismo tiempo han generado prácticas nuevas que buscan allegarse ventajas ellos mismos. Como ejemplo podemos recordar aquella elección de 1976 donde López Portillo fue candidato único evidenciando lo corrupto del sistema electoral. Lo cual provoco la reforma electoral de 1977, generando espacios para los otros partidos políticos, pero al mismo tiempo estos generaron esquemas de elección interna basados únicamente en las dirigencias, dejando de lado a la militancia y procurando formar partidos políticos de elites.
Un nuevo presunto fraude electoral en 1988 género que los partidos políticos buscara un órgano de representación de los mismos ante las instituciones que controlan los comicios, creando al IFE en 1990 apartado a la SEGOB de las funciones en este ámbito. En contraposición se consolido la partidocracia generando órganos más competitivos entre ellos, pero más opacos en sus procedimientos internos y en su financiamiento. Los acontecimientos de 1994 en torno a la división de las cámaras y la no generación de mayorías generaron la ciudadanización de dicho órgano a fin de poner de acuerdo a los partidos políticos con base a la opinión de expertos, pero con supervisión de la partidocracia; los consejeros electorales son aprobados por los órganos de representación legislativa, con ello el cáncer de la corrupción electoral siguió su metástasis al uso de medios y la fiscalización de los recursos dio origen a una nueva reforma en 2007 después de nuevos alegatos de fraude en la elección del año anterior.
La tónica ha continuado y probablemente lo siga haciendo, aunque de manera muy diferente y probablemente con consecuencias que no se han previsto. Hasta ahora ningún presidente se había atrevido a romper el pacto de la partidocracia que se generó desde la inauguración del INE. Los partidos políticos a pesar de la alternancia no habían denunciado propiamente a miembros importantes de otros partidos en un pacto, que suponemos, pero que muy probablemente si existe de impunidad para no exhibirse de una manera que ponga en riesgo todo el sistema electoral, debido a la nueva alternancia que se generó. La ruptura de López Obrador con las instituciones no es novedosa, y aunque son habituales sus declaraciones donde dice que no pretende acusar a los expresidentes judicialmente y que incluso el votaría en contra de denunciarlos penalmente en caso de una. El hecho de haber declarado y gestado las primeras acciones para el combate a la corrupción partidista probablemente destapo la caja de pandora. Y es que el combate a la corrupción con una fiscalía que sea verdaderamente autónoma será como un proceso de quimioterapia, no solo atacara a las células que se cree son las malas, sino a todas.
Ahora que aparecen video escándalos a diestra y siniestra no habrá ave del pantano que no salga salpicada y probablemente esto concluya con una nueva reforma, pero ya no electoral, sino política y judicial. Donde este oficio, que merece mucho más respeto del que se le da por sus propios ejecutantes, sea puesto en el escenario con todos los reflectores inquisidores de la transparencia. Es necesario que los recursos públicos sean eso y no utilizados para los intereses de particulares y la ciudadanía debe ir más allá de las filias y fobias partidistas, exigiendo la aplicación de la justicia y el marco de derecho en todos los niveles, incluyendo al mismísimo presidente. El cáncer de la corrupción debe ser erradicado si verdaderamente quiere un saneamiento del país.
*Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Sociales en las licenciaturas de economía y sociología. Licenciado en filosofía maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Autónoma de Nayarit/ Integrante de Unidad Democrática Sinaloa.
