Oliver Velasco *
Una de las premisas del nuevo paradigma de la gestión pública es hacer más eficiente el trabajo burocrático, no sólo burocratizar el sistema político, que fue el primer paradigma decimonónico. La forma de hacer más eficiente dicho trabajo es a través de la evaluación del funcionario público, no sólo con base a su popularidad, sino a los resultados obtenidos durante su gestión. Para ello, la gobernanza entró como un elemento necesario dentro de la gestión pública: si se va a evaluar el trabajo del burócrata se tiene que saber qué es lo que se espera del mismo y se tiene que iniciar se un diálogo entre los que planean las políticas públicas y quiénes las parece. Dichos resultados tendrían que ser concretos para poder ser mesurables y al mismo tiempo satisfacer a los gobernados.
En el mal llamado tiempo neoliberal (mal llamado, porqué en ningún momento se ha detenido el proceso de globalización, ni de libre comercio, por el contrario, se ha intensificado la interdependencia industrial de la región en perspectiva de mayor competitividad global con el T-MEC) se gestaron resultados que técnicamente combatían algunos de los aspectos necesarios para la mejora en la calidad de vida de las personas, que al final de cuentas es a lo que los gobiernos aspiran: universalización del servicio de salud, reducción de la pobreza, acceso a la educación, accesos a servicios de agua y electricidad, etc. Pero fallaron en el aspecto de la gobernanza; no escucharon las continuas demandas de la población por menor corrupción, mayor rendición de cuentas, seguridad pública y cercanía con las poblaciones.
En la nueva administración ha habido un constante bombardeo desde el gobierno que simula un diálogo con la población, existe una cercanía por parte del presidente que constantemente se hace ver cerca de la gente, dando la impresión de gobernanza. Pero se falla en la parte técnica de la gobernabilidad: los niveles de inseguridad han alcanzado en dos años lo que se alcanzó en el sexenio de Calderón en número de homicidios. El sistema de salud ha mostrado una carencia en su capacidad de satisfacer a la población con más necesidad del mismo, siendo un 70% de los pacientes fallecidos por Covid de los estratos más pauperizados de la sociedad. La pérdida de 1’200,000 empleos en los dos años que van del sexenio ha llevado a un aumento en el número de pobres en el país y los programas sociales no procuran su reducción, sino su supervivencia. Esos son resultados tangibles, pero nos lleva a preguntarnos: ¿Porque con todo esto el presidente sigue sosteniendo niveles de popularidad de entre el 50 y 60%? De aquí podemos inferir, la importancia preponderante de la gobernanza como factor de resultados en la gestión pública. Hay que aclarar que lo que hace la actual administración no es propiamente gobernanza, pero el factor de vinculación con la sociedad genera la suficiente estabilidad para sostener la legitimidad de un gobierno a pesar de sus resultados.
La administración lleva tres secretarios de estado que han renunciado, diez subsecretarias que van a desaparecer, entre ellas tan importantes como la de minería, y la subsecretaria de gobierno de la SEGOB. Un secretario de hacienda que señala que se han acabado los guardaditos, que los gobiernos corruptos, que todo se robaban, ahorraron y además que se vienen tiempos aun mas difíciles rumbo al próximo presupuesto.
Pero lo que mantiene a flote este barco es la incesante propaganda política del combate a la corrupción y el ataque a los “adversarios” en una cruzada moral, que el mismo presidente ha confirmado y la esperanza de muchos mexicanos de por fin acabar con ese lastre desastroso de la corrupción. La cuestión es que el combate a la corrupción no se encuentra peleado con la eficiencia gubernamental, por el contrario es parte integral de la misma. Un gobierno eficiente necesariamente tiende hacia la transparencia y por ende hacia la lucha contra la corrupción. Así como la gobernanza es una simulación, la lucha contra la corrupción también parece serlo. Porque los procesos para enjuiciar a los políticos corruptos, incluyendo a los expresidentes deben ser necesariamente judiciales y no mediáticos y populares. La recolección de firmas no tiene ningún valor jurídico ante un juez, si no hay una denuncia formal.
Para bien o para mal el gobierno está en marcha y no parece que vaya a cambiar de dirección la dicotomía entre buenos y malos, conservadores y liberales, chairos y fifís ha rendido dividendos electorales extraordinarios. Al parecer seguirá siendo la misma tónica rumbo al 2021, pero antes de eso parece ser seguirá siendo la misma tónica en el informe.
*Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Sociales en las licenciaturas de economía y sociología. Licenciado en filosofía maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Autónoma de Nayarit/ Integrante de Unidad Democrática Sinaloa.
