- Dice Santiago Nieto que pueden enjuiciar a ex presidentes por desapariciones forzadas.
- Corrupción y lavado de dinero ha prescrito para algunos.
- Diputados tienen en su cancha la pelota.
- Tercos en mover la Constitución para empatar consulta con elecciones.
El dictamen por el que se expide la consulta popular fue aprobado en el Senado de la República, que lo turnará a la Cámara de Diputados
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviara al Senado de la República el oficio sobre el aval de una consulta popular para enjuiciar a ‘actores políticos’ y que este fuera turnado a la Comisión de Gobernación, inició en el Pleno la discusión de la trascendencia nacional del ejercicio.
El dictamen por el que se expide la consulta popular fue aprobado en lo general con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención.
Al grito de “¡sí se pudo, sí se pudo!” y aplausos, legisladores de Morena celebraron la aprobación del dictamen.
La discusión:
Tras dar lectura al dictamen por el que se resuelve la petición de consulta popular, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Mónica Fernández destacó la importancia de dichos mecanismos de consulta para fortalecer la participación y el ejercicio de la democracia en México.
Argumentó la trascendencia nacional de la consulta popular en empoderar a los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos.
Durante la discusión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y morenista, Ricardo Monreal, propuso modificar la Constitución Política para que la consulta se realice el mismo día de las elecciones intermedias de 2021.
Señaló que de esta forma se ahorrarán los costos estimados por un consejero electoral en 8 mil millones de pesos, para llevarse a cabo el 1 de agosto del próximo año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el INE y calificó de ‘exageradísimo’ el costo de llevar a cabo la consulta popular para enjuiciar a actores políticos.
En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, negó que exista un cálculo del presupuesto para la consulta.
Oposición presenta 39 reservas:
Los partidos de oposición en el Senado han presentado 39 reservas sobre la consulta popular sobre juicio a actores políticos.
El Grupo Parlamentario del PRI se dijo a favor de las consultas ciudadanas, pero criticó que el dictamen estuviera viciado de origen.
La senadora Claudia Ruiz Massieu acusó que el dictamen estuvo plagado de irregularidades, que ocupa los mismos argumentos de la pregunta original propuesta por el presidente López Obrador, sin tomar en cuenta lo definido por la SCJN.
Su compañera de bancada, Claudia Anaya, reprochó invertir 8 mil millones de pesos en una consulta “en la que racionalmente todos responderíamos que sí”.
Los legisladores del PRD también se pronunciaron a favor de la consulta popular como mecanismo de democracia directa, sin embargo, señalaron la ambigüedad y atemporalidad de la pregunta.
Miguel Ángel Mancera cuestionó el preguntar a la gente si el Estado debe o no cumplir con su responsabilidad, por lo que a nombre de su bancada hizo un llamado a que se encuentre la pertinencia y se evite un gasto innecesario para un deber permanente ya planteado en nuestro marco jurídico.
Por su parte el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que algunos expresidentes podrían ser juzgados solamente si se plantea alguna conducta delictiva como desaparición forzada o algún otro tipo penal, pues de lo contrario, los delitos ya prescribieron.
El tema estaba relacionado en particular con los delitos de corrupción y lavado de dinero. El Código Penal establece que el lavado de dinero tiene una penalidad de 5 a 15 años de prisión, la prescripción empieza a operar a los 10 años; eso implicaría que en los temas de corrupción, relacionados con lavado de dinero, habrían prescrito algunos de los expresidentes. Claro que si se planteara algún otro tipo de conducta delictiva, de carácter continuado, como desaparición forzada de personas o algún otro tipo penal, podría generarse algún tipo de responsabilidad todavía”, explicó Nieto Castillo en entrevista.
El titular de la UIF insistió que en temas de corrupción y lavado de dinero los delitos ya estarían prescritos; es decir, que se desvanece la responsabilidad penal de quien hubiera cometido un hecho punible, debido al paso del tiempo entre que se actuó ilícitamente y la denuncia.
Nieto Castillo apuntó que la alternativa “era hacer una revisión, una especie de comisión de la verdad que pudiera señalar los actos de corrupción del pasado para efecto de tener claridad como ciudadanía mexicana de los efectos y excesos que tuvimos de corrupción de las pasadas décadas”.
En días recientes, Santiago Nieto aclaró que únicamente se podría investigar penalmente por corrupción a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En el caso de Vicente Fox Quesada y sus antecesores, detalló, los delitos de corrupción y lavado de dinero se encontrarían prescritos.
