Oliver Velasco*
La falacia de separar el poder político del poder económico que se repitió hasta el cansancio, que casualmente ya no se menciona, no se ha producido, ni se puede dar tanto en las industrias productivas del país, como en las instituciones públicas. En las primeras porque tanto la política fiscal, como la política monetaria influyen directamente en las capacidades productivas, en el consumo, en las exportaciones e importaciones, etc. Y los organismos productivos van a buscar condiciones favorables a sus sectores. En las instituciones públicas la relación entre el poder político y el poder económico está ligado directamente a la aprobación y ejecución del presupuesto, al giro en los programas sociales que se tome y a la formación educativa de la población, ya que una población más educada no sólo es más productiva, sino que también tiende a ser más respetuosa de sus leyes y más exigente con sus gobernantes.
La relación entre el poder político y el poder económico es más evidente en la situación de las universidades públicas, pero no únicamente en la coyuntura actual, sino desde sus inicios. Estás instituciones son bastión de múltiples fuerzas políticas, desde partidos políticos, hasta fuerzas de choque y movimientos sociales “revolucionarios”. Desde su creación, la universidad pública fue concebida con dos propósitos netamente políticos: como un eslabón de aprovisionamiento de capital humano y de conocimientos para la burocracia de los estados nación del siglo XIX y en el siglo XX con las tendencias del estado benefactor, como el medio de movilidad social para los hijos de la clase obrera y ha funcionado para buscar generar consciencia de clase a fin de hacer de la sociedad un motor de cambio nacional en tanto generador de mayor productividad, que repercute en la situación económica, civil e institucional-
Aunque algunas veces ha fracasado en estas tareas por diversas causas como: la imposición de aspectos industriales y de sectores productivos por encima de los de desarrollo y de vinculación social en sus currículas académicas. El enquistamiento de fuerzas políticas que más que enriquecer los estudios académicos los someten o inhiben. Las administraciones que dieron pie al corporativismo, el clientelismo político, el nepotismo y la corrupción, en lugar de la formación de cuadros académicos vinculados con la sociedad, por su capacidad y compromiso, etc. La universidad pública siempre ha mantenido un sentido social y ello se sigue reflejando en las aspiraciones ideales que tiene la sociedad respecto a los universitarios, porque sabemos que la educación es la única fuente de superación hacia un mejor país y sociedad, independientemente de la administración pública, por ello la exigencia por autonomía es tan importante.
Su legítima lucha por autonomía reflejada en la libertad de cátedra y en sus legislaciones orgánicas han llevado a diversos grupos políticos y de gobierno a intervenir de diversas maneras en ella. En algunas se presentaba como asociaciones de estudiantes vinculadas a partidos políticos, en otras en los sindicatos universitarios, o con los mismos altos funcionarios de las universidades. Es decir, el vínculo entre universidad pública y poder político siempre ha existido. El control político de la universidad pública está ligado a la enorme cantidad de recursos que estás poseen; tanto capital humano como capital económico, que los grupos políticos quieren manejar, ya sea con propósitos tan burdos como el acceso electoral al poder, o con propósitos más altos como la alienación a una ideología política que forma toda una generación al servicio del estado, para ello la utilización del presupuesto es crucial. El control económico de las universidades implica la capacidad de dirigir esos recursos de manera política, aun en contra de la autonomía que la universidad busca.
Pero las universidades han logrado crecer y consolidarse como instituciones, que si bien se encuentran más o menos permeadas por organizaciones políticas, ninguna de ellas ha logrado poseer control total sobre ellas. La “gran estafa” es un ejemplo de ello. Donde no se puede juzgar a la universidad por los actos de algunos de sus miembros, con lo que la madurez de las instituciones, su diversidad y su autonomía logra crear una barrera más o menos efectiva sobre un control político totalitario de estas casas de estudio.
Los intentos de controlar a las universidades en la nueva administración se han basado en el control presupuestal. Son ocho las instituciones públicas que tienen problemas financieros este fin de año, y si bien se les puede acusar de tener malas administraciones, cosa que es cierta, también se tiene que tomar en consideración que sus presupuestos asignados no han sido respetados, la asignación de recursos ha sido condicionada a cambios a en sus leyes orgánicas y la gestión de los recursos se hace no de manera institucional sino bajo visitas y relaciones personales con los ejecutivos estales y federal. A principios de año eran 11 universidades que se encontraban en problemas financieros y tres de ellas tuvieron que hacer cambios exigidos desde la federación para su rescate. Cambios en sus esquemas de jubilación, cambios en el tipo de contratación de su planta docente y administrativa y cambios en la forma de gobernarse a si mismas. ¿Qué ocurrirá con las que no se someten?
Si no pueden someterlos, van a crear sus propias universidades y dejar a las antiguas sin presupuesto. Aunque crear nuevas universidades no es fácil, por más que se diga que se han hecho 100. La lucha presupuestal de las universidades lleva detrás una lucha por el control político de esos institutos. La autonomía hasta el momento en todas las casas de estudios superiores no se ha alcanzado, probablemente nunca se ha tenido y nunca se tendrá, pero es un instrumento que permite mantener un equilibrio en el poder político del país. La autonomía es un proceso de lucha de poderes facticos que en este momento está en desequilibrio. Y que nos muestra que el poder político y el poder económico no están desvinculados.
*Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Sociales en las licenciaturas de economía y sociología. Licenciado en filosofía maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Autónoma de Nayarit/ Integrante de Unidad Democrática Sinaloa.
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