Con la Instalación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Con tal acción se cumple lo mandatado por el Congreso del Estado al haber aprobado iniciativa propuesta por el PAS en el año 2022.
El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense integrado por el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño y la diputada Angélica Díaz Quiñónez, asistieron a la Instalación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Desde el año 2022, durante la 64 Legislatura, el PAS presentó la iniciativa que proponía crear una Fiscalía Especializada Para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con las atribuciones, infraestructura y recursos necesarios para investigar los delitos correspondientes a dicho rubro, así como proporcionar una atención integral a las víctimas u ofendidos.
El dictamen de esta iniciativa se aprobó en junio del 2025, en el que además se unieron iniciativas de otros diputados de diferentes fracciones parlamentarias, así como ciudadanos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
En la iniciativa comentada se observa que el objetivo de dicha propuesta es reformar los capítulos 76 bis, 77, 111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el fin de establecer en la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Vicefiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, así como crear un organismo autónomo al que se le denominará Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la firme convicción de garantizar la protección y defensa integral de periodistas y de las personas defensoras de los derechos humanos del Estado de Sinaloa.
La diputada Angélica Díaz Quiñonez fortaleció la iniciativa aprobada planteando que nuestro Estado democrático no debe dejar de asumir la obligación de establecer instituciones y figuras jurídicas que protejan y garanticen que todos los Sinaloenses tengamos la posibilidad efectiva de defender sus derechos en forma justa, pronta y expedita como lo marca nuestra Carta Magna.
