ARSENAL “El narco mata curas y los gobernantes hablan de elecciones”

FRANCISCO GARFIAS (EXCELSIOR)

El presidente López Obrador es especialista en la construcción de adversarios. Se siente cómodo en el conflicto. “La política no es para él la plaza de las conciliaciones, sino la condensación del conflicto”, como apunta el escritor Jesús Silva Herzog (La casa de la contradicción, editorial Random House).

Desde que llegó al poder se ha metido con la UNAM, la clase media, los científicos, el INE, el TEPJF, la Corte, los legisladores, ambientalistas, periodistas, intelectuales, feministas, generadores privados de energías…

Pero hay un grupo al que no sólo no toca, sino que protege: el crimen organizado. No lo esconde, hasta lo presume. “Son seres humanos”, dice, con una pretendida actitud de superioridad espiritual.

Ya es del dominio público que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina tienen la instrucción de no usar la fuerza letal en contra de la delincuencia, lo que deja a los ciudadanos —pueblo bueno incluido— en total indefensión.

Ese cheque en blanco ha llevado a las bandas criminales a cruzar el Rubicón (punto de no regreso):

El lunes pasado, hombres armados, presumiblemente al mando de un delincuente apodado El Chueco, mataron a dos sacerdotes jesuitas dentro de la iglesia de Urique, comunidad de Cerocahui, en Chihuahua.

Uno de los jesuitas era Javier Campos, de 78 años, y el otro Joaquín Mora, de 80. Auxiliaban a Pedro Palma, un guía turístico que había entrado al templo a buscar refugio. Iba herido, según reportes de la prensa local. Los sicarios se llevaron los cuerpos.

El padre Javier Pato Ávila Aguirre, miembro y activista de la comunidad jesuita en Chihuahua, compartió su dolor, su rabia, por lo ocurrido.

“Es una muestra de la impunidad, incapacidad e incompetencia de las autoridades para atender la inseguridad”, declaró, según el Diario de Chihuahua.

La Compañía de Jesús hizo notar que hechos como estos no son aislados. “La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas”, destacó en un comunicado.

Los jesuitas exigen justicia, la recuperación de los cuerpos de los sacerdotes y que se adopten las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de religiosos, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui.

* Julián LeBarón, cuya hija y nietos fueron ejecutados en los límites de Sonora y Chihuahua en 2019, conoce muy bien la zona donde asesinaron a los jesuitas.

“Son lugares difíciles, no cualquier sacerdote se anima a entrar allí. A esta gente le vale madres si eres guía espiritual”, nos dice. LeBarón hace responsables de los asesinatos en la iglesia a los policías municipales de Urique, a la Fiscalía encargada de esa área, al fiscal del estado, a la gobernadora, Maru Campos, y al presidente López Obrador.

“A Maru Campos, mujer que aprecio y reconozco lo mucho que me ha ayudado, le están asesinando sacerdotes dentro de sus iglesias. El cielo está llorando por esas muertes. Ayudaban a la gente en su salvación espiritual”, lamenta.

Añadió: “El principal responsable de lo que ocurre es el presidente López Obrador (en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas que luchan contra el crimen organizado). Esto es un magnicidio. La FGR debe atraer el caso”.

Con la ejecución de los dos jesuitas ya suman siete los religiosos asesinados en México en lo que va de la presente administración. Los otros cinco fueron ejecutados en Matamoros, Celaya, Zacatepec, Durango, y Tecate.

“Ya para que el narco no tenga límite de matar sacerdotes en el templo es consecuencia de que se le ha dejado actuar. La impunidad reina y los gobernantes preocupados por las elecciones, por las corcholatas”, nos dijo, vía telefónica, el senador Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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