Es necesario que el Congreso inicie con los trabajos para crear el nuevo sistema de justicia laboral en Sinaloa: Dip. Angélica Díaz de Cuén.
El PAS presenta una nueva iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer los juzgados especializados en materia laboral, con la que ya suman 7 iniciativas en este tema.
En virtud del corto plazo que queda para que el nuevo Sistema de Justicia, encargado de resolver los conflictos en materia laboral, debe avanzarse en la reforma a la Constitución local y las leyes secundarias, por lo que la diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz de Cuén exhortó al Congreso local para que inicie lo antes posible los trabajos de dictaminación y expedición de los Decretos correspondientes, todo ello en beneficio de miles de trabajadores sinaloenses.
A través de un posicionamiento enviado a la Diputación Permanente, Díaz de Cuén señaló que el PAS presentó 7 iniciativas relativas al nuevo sistema de justicia laboral, la primera para reformar la Constitución local con el objeto de crear el Centro de Conciliación y facultar al Poder Judicial del Estado a conocer de la materia laboral, dos iniciativas de reformas al Instituto de la Defensoría Pública presentadas el 13 de junio de 2019, dos iniciativas más para reformar las leyes de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Trabajadores al Servicio de los Municipios presentadas el 10 de julio de 2019, una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa presentada el 6 de octubre de 2020 y una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer la regulación de los juzgados especializados en materia laboral presentada el día de hoy 9 de febrero de 2021.
“Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, debo señalar que la transformación del sistema de justicia laboral es un tema de suma relevancia para los sinaloense, pues, recordemos que el Derecho al Trabajo forma parte de los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales, como el “Protocolo de San Salvador”, y en los de Organización Internacional del Trabajo (OIT), que son especialmente relevantes en relación con el derecho de las mujeres al trabajo y su protección de los derechos laborales; por lo que, la creación de este nuevo sistema de justicia laboral se vuelve un tema urgente a tratar por esta LXIII Legislatura”.
Díaz de Cuén recordó que el 24 de febrero de 2017, se publicó la reforma a la Constitución Mexicana en materia del sistema de justicia laboral de nuestro país, sin embargo, a nivel Federal, hasta el 1 de mayo de 2019 se publicaron las reformas a la legislación secundaria que incluyeron cinco leyes, entre las que se encuentran la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social.
Derivado de este Decreto de reformas expedido por el Congreso de la Unión, se estableció un plazo de tres años para que los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas inicien sus actividades; en este sentido, el Poder Legislativo de Sinaloa no ha cumplido con el plazo constitucional de un año establecido en el 2017, en tanto que para el cumplimiento del Decreto expedido en mayo de 2019, sólo quedan un año y tres meses, en el entendido de que no se trata de una tarea sencilla, por lo cual, las Comisiones deben empezar de inmediato con los trabajos para cumplir con esta obligación, pues, además de todo, es una urgencia mejorar el sistema tanto en favor de los trabajadores, como de los sindicatos y los patrones en Sinaloa.
“Por todo lo anterior, es que en el PAS desde el 9 de mayo de 2019 empezamos a presentar un paquete de iniciativas para cumplir con la creación de este nuevo sistema de justicia laboral que busca proteger tanto a trabajadores como a patrones en sus derechos, ya que ha sido histórico el reclamo de independizar a la materia laboral del control del Poder Ejecutivo y los sindicatos afines”.
