- Falsos los casos denunciados de violencia dice alcalde de El Rosario.
- Aprovechan familias rosarenses llegada autoridades militares y estatales para salir de sus comunidades.
- Niegan amparo a presunto implicado en el caso Tiburonario.
Alfredo Ramírez.
Fue a las 23:00 horas del jueves, cuando a la vieja usanza chicharronera; el Congreso del Estado decidió reanudar la sesión donde se acataría la resolución judicial que ordenó reinstalar a Lucila Ayala de Moreshi como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa; con lo que dejan fuera a Héctor Torres Ulloa, a pesar de que éste último había obtenido del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa con sede en Mazatlán, la aceptación de sentencia.
Por lo que la aprobación del Congreso es atacable desde varios frentes.
En primer lugar, el mencionado líneas arriba.
¿El otro?, el hecho de que el presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión con la presencia de solamente 20 diputados, cuando se requiere de una mayoría calificada de 21 para aprobar lo que aprobaron.
¿El argumento?. No hubo. Simplemente el señor chicharronero tomo como referencia el pase de lista de la mañana como referencia, cuando habían acudido 32 legisladores, por lo que determinó a pesar de la ausencia de 12 de ellos tras diez horas de receso, como quórum para reanudar la sesión.
El tema de la reinstalación de Lucila Ayala; personaje que por lo visto no soporta estar fuera de la nómina, fue complicado de tratar en el Congreso del Estado.
La sesión inició alrededor de las 12:00 horas con la presencia de 32 legisladores, y tras varias horas de análisis y discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se llegó a un acuerdo con el voto de la mayoría de los integrantes, las morenistas Flora Isela Miranda Leal y María Victoria Sánchez Peña, y el perredista Édgar Augusto González Zatarain; el único voto en contra fue de la priista Gloria Himelda Félix Niebla, quien fungió como presidenta de la comisión por ausencia del presidente Horacio Lira Olivas, de Morena.
La sesión se demoró en reanudar por falta de quórum legal, ya que los legisladores priistas abandonaron la sesión para impedir que se reanudara, además de la ausencia de los dos panistas, y algunos de Morena y del Partido del Trabajo, algunos con justificación para faltar a la sesión.
Alrededor de las 23:00 horas decidieron reanudar la sesión con 20 diputados presentes, que es la mitad de la Legislatura, pero el presidente de la Mesa Directiva tomó de referencia los 32 legisladores que iniciaron la sesión para interpretar y determinar que había quórum para reanudar la sesión.
El magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, manifestó en un inicio su sorpresa por pretender destituirlo a sabiendas de la existencia de un recursos de aclaración que se encuentra pendiente de resolver; con lo que –argumenta- se le vulneran sus derechos fundamentales al anticipar una ejecución de sentencia pendiente de dictaminar.
Por su parte, la quejosa, llegó al extremo de su histrionismo enviando una carta al presidente AMLO, y divulgándola por Twitter en un perfil dado de alta el mismo jueves; donde expone que ganó un amparo para que la restituyan y haciendo responsable de cualquier cosa que le suceda tanto al gobernador Quirino Ordaz, al secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores y hasta al ex secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros “ quien pudiera aprovechar esta situación para emprender algún acto en su contra”, debido a problemas que tuvo con el ex funcionario.
El asunto no ha terminado… a pesar de que una hechiza mayoría en el Congreso haya aprobado restituirla.
Ha de cuenta que todavía falta por caer el último out.
Para esta mañana, a las 10:00 horas el grupo parlamentario del PRI está convocando a rueda de prensa para abordar este tema; y todavía falta conocer la reacción que en términos legales habrá de ejercer Torres Ulloa.
EN OTRO tema, el mismo jueves, acudieron servidores públicos de los tres niveles de gobierno respaldados por elementos de policía ministerial y estatal a entregar más de mil apoyos alimenticios a comunidades de la sierra del municipio de El Rosario, afectadas por la violencia que quien mal gobierna el municipio, Manuel Antonio Pineda Domínguez, se niega a reconocer y hasta tiene el cinismo de desmentir.
Las comunidades visitadas fueron Plomozas, La Rastra, Cebollitas, Charco Hondo, Santa María y Llano de Palma; a donde también se llevaron servicios de salud.
De acuerdo a testimonios periodísticos, como el del diario Noroeste; fue en la comunidad de La Rastra, donde ocho familias aprovecharon la llegada de los servidores estatales y de agentes policiacos para pedirles auxilio para abandonar sus propiedades por temor a la violencia.
De acuerdo con la nota del diario en mención, se señala: “La visita que de acuerdo a lo informado por el Director de Seguridad Pública, Abdón Caravantes Hernández era para llevar apoyos alimenticios para vecinos de la zona serrana de este municipio, fue aprovechada por varias familias de esta zona para dejar sus hogares y trasladarse a la cabecera municipal bajo la vigilancia de agentes policiacos.
Fueron 20 vehículos, entre camiones de volteo, camiones pasajeros y camionetas particulares en las que los habitantes de la zona serrana trasladaban sus pertenencias.
Entre las familias se podía apreciar hombres, mujeres, así como adultos mayores y niños quienes iban en los vehículos escoltados por los agentes policiacos hasta su llegada a la cabecera municipal y luego se trasladaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.” (Sic).
Luego de ser atendidos en la cabecera municipal de El Rosario, algunas familias fueron trasladadas hasta Mazatlán.
Lamentable situación, la cual fue exhibida en la Cámara de Diputados hace tres días para que se diera una reacción expedita.
Lamentable también que el fiestero alcalde de El Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez diga que decesos de pobladores por cuestiones de violencia sean rumores e información falsa.
LA DEL ESTRIBO.- De acuerdo con una nota del prestigiado semanario y portal RÍO DOCE firmada por el colega Alejandro Mojardín¸ un Juez de Distrito negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso al ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix. El está acusado por delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública junto con el ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda; y el ex director de la Contratos, Armando Trujillo Sicairos. Según la Fiscalía, asignaron contratos para la construcción del Tiburonario de Mazatlán a empresas cuyas propuestas debieron ser desechadas; cuyos datos de prueba fueron considerados por el Juez de Distrito como “ idóneos y pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer que se cometió el hecho por lo que negó el amparo”. Esto de acuerdo a la nota publicada. HLP…DM a.ramirezosuna@gmail.com
