Culiacán, Sinaloa. A 05 de Mayo de 2026.- Con 33 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó este martes 5 de Mayo, el dictamen de la Comisión de Salud que reforma el artículo 301 del Código Familiar y el artículo 101 de la Ley de Salud, ambos del Estado de Sinaloa, para establecer la gratuidad de las pruebas de ADN en juicios de reconocimiento de paternidad.
De acuerdo con lo aprobado en el dictamen, el objetivo es eliminar barreras económicas que impiden a madres y sus hijos acreditar la filiación y acceder a la justicia, por lo que será el Estado quien asuma el costo de las pruebas genéticas cuando la parte actora manifieste no contar con los recursos económicos necesarios.
Asimismo, se elimina el requisito de un estudio socioeconómico previo, considerado un obstáculo para el ejercicio del derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.
La nueva disposición también establece que las instituciones públicas de salud deberán garantizar la realización oportuna de estas pruebas, las cuales serán gratuitas una vez que hayan sido ordenadas por una autoridad jurisdiccional, además de que el beneficio se extiende también al varón que solicite el reconocimiento de la filiación o la aclaración del vínculo biológico ante la incertidumbre sobre su paternidad.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, hizo uso de la tribuna para externar su posicionamiento respecto al tema y destacó que esta reforma coloca en el centro de la agenda pública el derecho de las infancias a la identidad y a conocer sus orígenes.
“Honrar a nuestras infancias no es solamente con discursos o celebraciones simbólicas, es garantizando sus derechos, eliminando obstáculos y construyendo condiciones reales para que cada niña y niño pueda desarrollarse con dignidad, protección y certeza jurídica”, expresó.
La legisladora subrayó que, en muchos casos, las madres enfrentan solas procesos legales complejos que implican cargas emocionales, económicas y sociales, lo que profundiza la desigualdad. Señaló que uno de los principales obstáculos ha sido el costo de las pruebas de ADN, que puede alcanzar hasta los 10 mil pesos, haciéndolas inaccesibles para muchas familias.
En ese sentido, enfatizó que la reforma elimina estas barreras económicas y reconoce que el interés superior de la niñez no puede depender de la capacidad económica de una madre. Añadió que el Estado debe garantizar mecanismos efectivos para acreditar la verdad biológica sin trasladar injustamente los costos a quienes ya enfrentan la mayor carga en la crianza.
Ulloa Rodríguez también resaltó que esta reforma incorpora un componente de justicia para las mujeres, al reconocer que históricamente han asumido solas los costos económicos, emocionales y legales en estos procesos.
Finalmente, sostuvo que legislar implica remover obstáculos y que, en el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña, el Congreso envía un mensaje claro: el derecho a la identidad no debe depender del dinero ni de trámites burocráticos.
En el análisis del dictamen también se destacó que el alto costo de las pruebas de paternidad ha limitado el acceso a la justicia, especialmente para mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, se reiteró que la reforma prioriza el interés superior de la niñez, al facilitar el reconocimiento legal de la filiación y, con ello, el acceso a derechos como alimentos, identidad, seguridad social y herencia.
Además, se establece que si el presunto padre se niega a realizarse la prueba de ADN, se presumirá la filiación, fortaleciendo así los mecanismos legales para garantizar la responsabilidad parental.
Con esta medida, el Congreso local busca no solo agilizar los procesos judiciales en materia familiar, sino también reducir la desigualdad estructural que enfrentan muchas mujeres, trasladando al Estado la responsabilidad de garantizar plenamente los derechos fundamentales de la infancia.