En un país donde matan periodistas un día si y otro también, vale la pena volver a preguntar ¿cuánto vale la vida de un periodista? A como están la frecuencia con que ocurren estos crímenes y los altísimos índices de impunidad (99.7%), podemos invocar al filósofo Jiménez: “la vida no vale nada…”
Traigo el tema a la sobremesa por el escándalo mediático que ha provocado un consejero del naciente Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa que incluso pidió al Congreso que no apruebe el presupuesto 2023, según publicación en el sitio Los Noticiaristas. ¿Protagonismo personal o involuntario desliz? No lo se, pero lo cierto es que exhibió una absoluta ignorancia del lenguaje contable-presupuestal y falta de rigor en el análisis, del que adolecemos los periodistas, incluso los que nos dedicamos a la investigación. El tema merece un estudio sereno y profundo.
Evidentemente hay una confusión o por lo menos una deficiente lectura de los objetivos y responsabilidades del Instituto y del Consejo Consultivo Ciudadano que van mucho más allá de lo que hace cualquier mecanismo de protección del país, restringidos prácticamente a brindar apoyo policial y mantener económicamente a las víctimas en una especie de cautiverio silencioso. Una persona en estas condiciones pierde tierra, familia, amigos y oficio. Jamás volverá a ser la misma o tardará muchos años en recuperarse. Esto es precisamente lo que debe evitar el Instituto.
En este sentido, el organismo autónomo está obligado a hacer todo lo que esté a su alcance para que ningún compañero defensor de derechos humanos o periodista sufra agresiones y que tampoco deje de ejercer su trabajo en plena libertad. Desde esta perspectiva, las medidas de protección deberían ser la última trinchera, y las de prevención las primeras (capacitación para el auto-cuidado, elaboración del atlas de riesgo, análisis de contexto, etc).
En el Consejo Consultivo Ciudadano analizamos, discutimos, ciertamente con rigor y firmeza, y tras horas de deliberación finalmente aprobamos por mayoría de votos la proyección presupuestal 2023 que cumple con las leyes federales y estatales en materia de austeridad y armonización contable gubernamental, entre otras.
La directora y su coordinador administrativo nos explicaron durante varias horas y con paciencia de monje la estrategia presupuestal para el año que entra. Nos dijeron claramente que si asignábamos más del 50 por ciento a medidas de protección se correría el riesgo de que el Congreso lo rechace porque no hay un respaldo histórico que justifique el gasto. ¿Cuántos casos y en qué condiciones atenderá el Instituto al año? ¿A cuántas familias tendrá que sacar del estado? ¿Tendrá que construir un albergue, de qué tamaño? ¿Necesitará vehículos blindados o no? ¿5 o 12 millones para protección son muchos o pocos? ¿Por cuánto tiempo y en qué condiciones brindará protección social? No lo sabemos.
Para solventar este arranque desde cero, la ley permite al Instituto, en respeto a su autonomía, reasignar recursos de un concepto a otro de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando. Por ejemplo, si el concepto “lápices” no es necesario puede reasignarse a chalecos blindados por la intensidad y frecuencia de agresiones físicas, pero si no se incluye el concepto “lápices” no habrá de dónde echar mano. ¿Así o más claro?
No se trató de darle un cheque en blanco a la directora sino de entregarle las herramientas necesarias para exigirle resultados.
Desglose presupuestal:
- La Coordinación General de Medidas, responsable de recibir solicitudes y generar gestiones para la emisión de medidas en sus diversas modalidades, ejercerá el 43.87 por ciento del recurso anual.
- Mientras que la Coordinación General de Capacitación ejercerá solamente el 15.22 por ciento, cuando el concepto debería disponer de muchos más recursos que seguramente serán reasignados de otras partidas presupuestales.
- Es decir, Medidas y Capacitación, que tienen que ver directamente con la protección de la vida y libertad para ejercer la defensa de derechos humanos y periodismo, suman el 59.09 por ciento del presupuesto total.
- Y aunque el Instituto no tiene ni una hoja de papel, solamente asignó el 8.88 por ciento a equipo y mobiliario, dejando el 10 por ciento a la Dirección General, 9.61 por ciento a la Coordinación Jurídica y 2.91 por ciento al Órgano Interno de Control, bajo el criterio “de nada sirve tener recursos para un fin si no se cuenta con una estructura mínimamente eficiente para asegurar que el presupuesto sea correctamente ejercido con apego a los principios de austeridad y transparencia”, como lo explicó la directora Jhenny Judith Bernal Arellano.
Es evidente que los consejeros no somos expertos en muchas materias y que nuestra naturaleza nos lleva a reacciones regidas por las emociones y la defensa de la honra personal, pero tomarlas en esas condiciones no siempre resulta favorable para conseguir el bien mayor. Para solventar estas deficiencias, el Consejo tiene la facultad de invitar a 3 observadores externos nacionales o extranjeros, de preferencia expertos en prevención, capacitación y protección de defensores de derechos humanos y periodistas que eviten actitudes viscerales como la que ocurrió después de la votación democrática que aprobó el presupuesto 2023. No hay una sola razón que justifique poner en riesgo la viabilidad de este Instituto exigido por periodistas desde hace muchas décadas.
- Saludos cordiales
- MM
